Debido a los mecanismos societarios, cuando la mayoría de los accionistas de una empresa deciden una capitalización, todas las partes deben suscribirla y honrarla, lo que supone aportar un monto de dinero proporcional a la cantidad de acciones que se posee. Si en cambio algún accionista decide no suscribirla, es decir no aportar los fondos, su participación de licuará, es decir se reducirá. Este es el dilema que debió enfrentar la SEPI, con el 2,52% de las acciones que posee de International Airlines Group (IAG).
Curiosamente, en las últimas semanas el rescate a Air Europa se encuentra enfrentando el mismo dilema. El grupo Globalia rechaza la idea de que el Estado ingrese al capital de la línea aérea, pero necesita, casi con urgencia unos € 500 millones de aporte. Por otra parte, hay sectores del gobierno español que presionan para que, a cambio del aporte, el Estado tome el control de al menos un porcentaje de acciones. Se trata de una medida de seguridad, como una garantía. Algunos argumentan que, si la condición de “empresa estratégica” justifica la ayuda económica, por el mismo motivo el Estado debiera ingresar en su accionariado.
El gran ejemplo en ese sentido es Lufthansa, donde el Estado Germano tomó el control del 25% de la empresa a cambio del aporte de fondos. En el caso de Air France y KLM no fue necesario el intercambio porque ambas empresas ya cuentan con un porcentaje importante de sus acciones en manos del Estado.
Por lo pronto, la ayuda financiera española a Air Europa deberá primero, como primer paso, enfrentar una “due dilligence” y la presentación de un plan de viabilidad. Posteriormente, el Comité Gestor del fondo de ayuda debe dar su visto bueno y finalmente, obtener la última luz verde del Consejo de Ministros.
Por lo pronto, una tercera aerolínea española, Evelop, comunicó a la SEPI su necesidad de una asistencia financiera. En su caso, habló de unos € 200 millones.
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