Polémica en el bar

Actualmente, las normas sociales dicen que corresponde dejar el 10% después de haber recibido un buen servicio. Sin embargo, en la mayoría de los casos ese porcentaje resulta excesivo para los consumidores argentinos, que pagan entre el 7 y el 8%.
En 1976 se eliminó el laudo gastronómico que garantizaba a todos los trabajadores una comisión no inferior al 10% de la facturación bruta del establecimiento, y se reemplazó por la propina a cargo del cliente.
Los senadores puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso (PJ) presentaron al Congreso este proyecto que provoca polémica entre propietarios, clientes y mozos. El proyecto sólo incluye a los mozos que atienden en las mesas y exceptúa de la propina obligatoria a aquellas consumiciones inferiores a los $10. También prohíbe que el monto proveniente de las propinas obtenido por el trabajador sufra algún descuento.
Esta propuesta generó distintas opiniones entre quienes conforman el sector gastronómico. "La propina que se brinda es privativa de quien recibe el servicio. La dimensión de lo que se quiera dar dependerá de la atención brindada. No es algo que se pueda pautar previamente o pautar un porcentaje obligatorio", expresó Oscar Ghezzi, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra).
En la misma línea presentó su parecer Luis María Peña, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes Confiterías y Cafés (Ahrcc). "Este proyecto de ley es un mamarracho jurídico. En primer lugar, porque no cumple con la técnica jurídica que se requiere a la hora de presentar un proyecto. Lo primero que se debe hacer es consultar a los interesados y luego corroborar si lo que se está planteando condice con el ordenamiento legal vigente. Dejando de lado el aspecto legal, es un proyecto que no se ajusta con la realidad del sector y, al contrario de solucionar un problema, genera más conflicto. Si se impone un porcentaje de propina, se colocará en situación de privilegio a una categoría de empleados, en desmedro de otros de otras actividades en las que se paga propina. Además se suma un costo adicional al cliente.
En tercer término, el pago de un buen salario al empleado es el que tiene que asegurar un buen servicio al cliente. En una instancia más arriba, son los convenios laborales los que deben garantizar una buena remuneración al empleado.
Visto desde los números, ese porcentaje de propina va a implicar el 333% de lo que la gastronomía paga de Ingresos Brutos. Ese monto va a ir a unos pocos privilegiados, que son los que a su vez representan la categoría más alta de los empleados gastronómicos. En cuarto lugar y último, dar una gratificación por un servicio bien brindado es una liberalidad, no puede imponerse como un deber", explicó Peña.
Por otra parte, otros son los argumentos quienes presentaron el proyecto. "El trabajo de mozo implica una actividad enteramente dedicada al servicio del prójimo, la cual está expuesta, muchas veces, a malos tratos y bajos salarios", declaró Negre de Alonso a La Nación.
"Lo que estamos buscando es que el empleado no sólo tenga una expectativa de percepción de la propina, sino que ésta sea un derecho inherente a su trabajo", recalcó la legisladora.
Otro de los hábitos establecidos en la mayoría de los restaurantes argentinos, y principalmente en los porteños, es el precio que los clientes deben pagar en concepto de cubierto o servicio de mesa. Un monto adicional que no está regulado y queda a criterio de cada local gastronómico. De aprobarse la ley de propina obligatoria, a la hora de abonar la cuenta en un restaurante, a la gratificación del 10% deberá sumarse el pago del servicio de mesa, que en algunos casos significa hasta un tercio de la cuenta final.