Nace un tercer intento para regular los alquileres turísticos

UN PROBLEMA QUE CRECE.
El titular de la Comisión de Turismo, Omar Duclós (GEN), es el autor de dos ellos. Uno fue presentado y el otro lo será en los próximos días. La iniciativa que ya cuenta con el sello de la Mesa de Entradas es nada más ni nada menos que la modificación de la ley 23.091 de locaciones urbanas para darle una regulación propia a los alquileres temporarios con destino turístico.
Un verdadero dolor de cabeza ya no sólo para los hoteleros que denuncian la competencia desleal de este tipo de oferta, sino para el sector en general.
Para muestra, dos botones. Por un lado, en el estudio del primer semestre de 2014 de la Asociación Argentina de Derecho del Turismo (Aadetur) se registró un sensible aumento de los robos en departamentos de alquiler turístico, que alcanzó así el segundo lugar en el ranking de dolores de cabeza para los viajeros. Con un modus operandi calcado: no se sustraen pasaportes ni tarjetas de crédito, sino ropa, aparatos electrónicos y dinero en efectivo. De hecho, esta usina de conflictos tanto con turistas nacionales como extranjeros hizo que los reclamos por deficiencias en el alojamiento en general alcance en lo que va de 2014 su pico en los últimos 10 años.
Por otra parte, en el informe de denuncias realizadas en el mismo período ante la Defensoría de Turista porteño los problemas generados por los alojamientos en general tuvieron un salto interanual del 53,2%. Y de ellos el 40% fueron ocasionados por huéspedes de departamentos de alquiler turístico. "El gran problema con los alojamientos temporarios es que no les hacen contrato. No firman nada. Y el turista se da cuenta de eso recién cuando viene acá. Ni hablar de la cuestión impositiva, nunca entregan factura", explicaba a este medio la semana pasada Karina Senlle, coordinadora de las sedes del organismo conducido por José Palmiotti.
Atendiendo esta creciente preocupación ya hubo dos intentos por vía legislativa de darle un marco a esta actividad informal, que -según datos de la Fehgra- implica la oferta de más de 600 mil plazas en todo el país, más de 1.000 millones de dólares de ingresos que no tributan, y más de 150 mil empleados fuera del sistema.
El primero fue otro proyecto de modificación de la ley de locaciones urbanas de la legisladora radical Mariana Juri, que perdió estado parlamentario el año pasado. Y el otro fue a través de su normativización en el proyecto de reforma del Código Civil, que hoy permanece inactivo y con pocas chances de ser reflotado a corto plazo.

HABLA EL PROYECTO.
"A través de esta iniciativa pretendemos lograr una mayor seguridad jurídica y encontrar el justo equilibrio entre los derechos de los inquilinos, el normal desarrollo de esta modalidad como actividad económica y el respeto de la leal competencia con relación a los establecimientos del sector hotelero", explicó Duclós, quien en diálogo con este medio reconoció que el proyecto "surgió a partir de la inquietud planteada por la CAT en la reunión con la Comisión de Turismo. A partir de eso estudiamos el tema y advertimos que existe una laguna jurídica".
La iniciativa define como locación de bienes inmuebles con destino transitorio y turístico a los alquileres por un período que va de una pernoctación hasta un máximo de seis meses. El proyecto del diputado del GEN-FAP excluye además a los edificios pertenecientes a un mismo titular del ámbito de la ley 23.091, para hacerles regir bajo la ley nacional de hotelería (18.828 y complementarias).
Pero uno de los puntos salientes es la creación del Registro Nacional de Alquileres con Destino Transitorio y Turístico, el cual estaría a cargo del Ministerio de Turismo de la Nación. Éste obligaría al propietario a estar inscripto en el mismo si quiere alquilar un inmueble por hasta seis meses.
Asimismo, para darse de alta en el registro es condición previa y necesaria que el usufructo de la propiedad con fines turísticos esté previsto en el reglamento de copropiedad o exista al menos una autorización expedida por el consorcio; que la unidad esté amueblada, con servicios básicos, calefacción y/o aire acondicionado; y el locador cuente con un seguro contra todo riesgo.
El otro aspecto sensible del proyecto es la obligación para los propietarios de pasar por la ventanilla de la AFIP. "El contrato deberá realizarse exclusivamente empleando un formulario preimpreso y numerado que será suministrado por la Dirección General Impositiva mediante el pago de un arancel", establece el artículo 5, que nuevamente pone como condición previa acreditar la inscripción en el registro que se cree en el ámbito del MinTur. El proyecto no define ni los montos de las tasas, ni qué impuestos le caben a la actividad: "Eso lo encuadrará la AFIP de acuerdo a la situación patrimonial del sujeto impositivo y su actividad económica. Lo que queremos es formalizar esa relación económica que hoy se da de manera absolutamente informal", explicó Duclós.

SOBRE CHANCES Y CONSENSOS.
Duclós está convencido en la buena estrella de su iniciativa. Por un lado, porque lleva como respaldo la firma de varios diputados de diversos bloques de la comisión de Turismo. Por el otro, porque da por descontado el apoyo del sector privado.
Por ahora -consultados por este medio-, desde las entidades hoteleras no se expresaron al respecto. Aunque desde la Fehgra confirmaron que en los próximos días tienen en agenda un encuentro con el legislador, donde el tema estará en la mesa.
Y otro augurio no menor reposa en el entendimiento del legislador sobre que el MinTur no vería con malos ojos su avance: "No lo hemos consultado puntualmente, pero en una charla con el secretario de Turismo, Daniel Aguilera, quedó claro que ellos compartían la preocupación de la CAT. Así que creo que van a estar de acuerdo, porque advierten que hay un vacío que hay que regular".