Con matices, pero con una expresión general de preocupación por parte de las entidades representantivas de los empresarios de distintos sectores, se inició el debate en la comisión de Legislación del Trabajo del proyecto impulsado por el diputado Héctor Recalde, que propone distribuir el 10% de las ganancias entre los trabajadores.
Del sector turístico sólo estuvo invitada la AHT, que participó a través de su asesor legal y personal operativo, pero no por miembros de su Comisión Directiva. De hecho, al igual que la asociación de bancos públicos y privados, en la reunión del martes pasado no fijaron postura respecto al proyecto y quedaron en presentar por escrito su opinión en los próximos días. En la entidad hotelera informaron que primero deberá reunirse la CD para analizar el informe técnico que elevará el asesor legal.
Las posturas de los empresarios frente al proyecto Recalde
La única entidad turística presente en el primer debate en la Comisión de Legislación del Trabajo fue la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), que estuvo representada por técnicos y no definió postura. La Fehgra ya había planteado su oposición. La CAME elevó un proyecto alternativo, que excluye a las micro y pequeñas empresas.
POSTURAS CLARAS.
En cambio el resto de las entidades fijaron claras posturas -la mayoría contrarias- a la iniciativa de Recalde. Incluso la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó un proyecto alternativo. Entre las condiciones de la contrapropuesta incluyen que sean los signatarios de los Convenios Colectivos de Trabajo quienes negocien la forma de participación de los trabajadores en las ganancias (en el caso que no haya acuerdo se someterían a una mediación) y que se excluya de la obligación a las micro y pequeñas empresas. Recordemos que son consideradas como tales aquellas del rubro servicios cuyas ventas totales no superan los $ 4,3 millones, los $ 14 millones en el caso de comercio y los $ 10,3 millones para la industria.
Por el lado de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) el argumento también apuntó a que la medida aumentaría la carga del sector Pyme, ya que uno de sus efectos sería la migración del personal capacitado hacia las compañías de capitales concentrados, que generan la mayor rentabilidad para distribuir: "Nos convertiríamos en el capacitador de empleados futuros de las grandes corporaciones, asumiendo el costo que esto implica", puntualizó su presidente, Francisco Dos Reis.
El resto de los argumentos contrarios de otras entidades no difirieron demasiado de los del ausente Grupo de los 7 (como se conoce al conjunto encabezado por la UIA, la SRA, la CAC y la Bolsa): "Es inviable, lesiona el derecho de propiedad, desalienta la inversión y provocará desempleo".
De todos modos, hubo lugar para el apoyo a la medida expresado por la Confederación General Empresaria (Cgera), cuyo presidente, Marcelo Fernández, remarcó la importancia que significaría para las Pymes el crecimiento del mercado interno "que se basa en el poder adquisitivo de los trabajadores". El titular de la entidad también disintió con la propuesta de la CAME de resolver el reparto en los CCT, "porque sumará un punto más de conflicto en las paritarias y estará sujeto a revisión permanente" y se mostró en contra de excluir a las mipymes "ya que son las que generan el 75% de los puestos de trabajo". En este sentido, propuso buscar mecanismos que balanceen el impacto de la norma entre los diferentes modelos de empresa "para que todas puedan pagarlo".
RESPALDO TECNICO.
Luego del paso de las cámaras empresariales, asistieron a la Cámara baja abogados laboralistas de seis asociaciones e investigadores del Conicet, del PNUD y especialistas en la materia.
En este turno, fueron varios los que marcaron la inconstitucionalidad de no cumplir con el mandato del artículo 14 bis vigente y señalaron que existe una biblioteca con abundantes casos internacionales que avalan la medida. En este sentido, Daniel Kostzer recordó que en Europa desde 1991 se aplica el sistema de participación de las ganancias "que alcanza al 18% de las empresas y al 35% de los trabajadores". El investigador Demián Panigo también avaló la propuesta al considerar que implicaría un aumento de la demanda y fomentaría la reinversión empresaria.
"Pese a las noticias insidiosas el proyecto no se cajonea", señaló el autor de la iniciativa, quien de todos modos reconoció la evolución del pensamiento empresario a favor de avanzar en el consenso de un proyecto que beneficie a los trabajadores.
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