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¿Cambio de reglas para entrar a Estados Unidos?: la polémica medida que tomaría Donald Trump

La Casa Blanca impulsa un plan que reconfiguraría los controles de seguridad aeroportuaria, lo que podría modificar los procedimientos de ingreso a EE.UU.

Como parte del proyecto de presupuesto fiscal 2027, el gobierno de Donald Trump propuso iniciar un proceso para privatizar la Transportation Security Administration (TSA), organismo que se encarga del control de ingreso a Estados Unidos en los aeropuertos.

La iniciativa contempla una inversión inicial de US$ 52 millones para que aeropuertos pequeños se incorporen a un esquema de gestión privada de los controles ya existente pero de baja adopción.

Donald Trump quiere privatizar los controles aeroportuarios

El proyecto establece que los aeropuertos pequeños deberán integrarse al Screening Partnership Program (SPP), un sistema vigente desde 2004 que permite que contratistas privados realicen los controles de seguridad bajo supervisión de la TSA. Actualmente, solo 20 aeropuertos utilizan este modelo, entre los que se encuentran el de San Francisco y el de Kansas City.

Según la Casa Blanca, las terminales que ya operan bajo este esquema han demostrado generar ahorros frente al sistema tradicional, al tiempo que permitiría avanzar en la “reforma de una agencia federal problemática”. Con este modelo, la TSA continuaría regulando y supervisando, pero la operación recae empresas previamente autorizadas.

El planteo llega en un contexto de caos operativo derivado del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que dejó a agentes de la TSA sin cobrar durante semanas. Esta situación provocó altos niveles de ausentismo y largas filas en aeropuertos, mientras que las terminales bajo el esquema privatizado no se vieron afectadas, ya que sus empleados continuaron cobrando normalmente. (Crisis en aeropuertos de Estados Unidos: siguen las demoras y el Mundial se convierte en una mala noticia)

A nivel sindical, la propuesta generó un rechazo absoluto: la American Federation of Government Employees (AFGE) advirtió que la privatización podría derivar en menores salarios, mayor rotación y una posible caída en los estándares de seguridad, al priorizar objetivos de rentabilidad.

Por otro lado, el plan se enmarca en un debate más amplio sobre la financiación del sistema aeronáutico estadounidense. El presupuesto presentado también contempla US$ 4.000 millones para infraestructura y equipamiento del control de tráfico aéreo, cifra por debajo de los aproximadamente US$ 20.000 millones que autoridades y actores del sector consideran necesarios para completar su modernización.